Era casi mediodía del sábado 9 de mayo, cuando la bicicleta del inglés Theodore William Dreyfus cayó al vacío cuando estaba a 23 kilómetros de su destino: la localidad de Coroico (La Paz).
Como otros extranjeros que visitan Bolivia, Dreyfus acudió a una de las agencias turísticas cuya principal oferta es un recorrido en bicicleta por la “death road” (ruta de la muerte), aquella que conduce a la región de los Yungas, al norte del departamento.
Aunque su muerte llegó a oídos de su familia y compatriotas en Inglaterra, pasó desapercibida para entidades estatales como la Prefectura de La Paz, llamada a hacer cumplir las normas vigentes para el funcionamiento de agencias de viaje y turismo.
Una de esas normas es el reglamento para agencias de viaje y operadoras de turismo, creado mediante la Resolución Ministerial 133/01.
El documento establece que entre las obligaciones de las empresas operadoras de turismo está el contratar a guías autorizados; emplear equipo técnico y medios de transporte adecuados; y contar con pólizas contra accidentes, robos, muerte y otros daños que cubran a cada uno de sus clientes y personal.
El 28 de abril del 2008, la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur), envió una carta al entonces secretario de Turismo y Cultura de la Prefectura, Rafael Laura, para informarle de 82 agencias de turismo que operaban de manera irregular en la zona El Rosario.
El 4 de julio de ese año, Gustavo Valdez Aguayo y Artemio Abelardo Ari, choferes del rubro turístico, enviaron un memorial al Prefecto y al Comandante de la Policía para pedir que ambas autoridades “tomen acciones oportunas sobre la aparición de empresas chutas o truchas (ilegales) que ofrecen sus servicios sin garantía ni seguridad”.
Para David Jiménez Paz, a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura desde octubre del 2008, la proliferación de agencias “piratas” en el último tiempo se debe a “que no había un control de las mismas y el sentido de legalizar su situación”. Por ello, precisó que en febrero se inició una auditoría técnica a agencias turísticas, guías y centros de hospedaje a nivel departamental.
Agregó que, a la fecha, el estudio dio cuenta que solamente en la urbe, de un universo de 230 agencias registradas en la Prefectura, “el 50% (115) estarían funcionando legalmente”. Aclaró que el proceso continúa.
El encargado de Normas y Servicios Turísticos de la Prefectura, Adhemar Vega, precisó que sólo se cuenta con dos funcionarios y dos efectivos de la Policía Turística para inspeccionar los est blecimientos turísticos que, además de las 230 agencias, incluyen a 142 centros de hospedaje.
Jiménez indicó que hasta febrero, fueron clausuradas cinco empresas que no cumplían con la normativa. “Hay agencias de viaje que aparecen como foquitos intermitentes”, apuntó.
En cuanto a los precios, la normativa actual no fija un tarifario de referencia y las agencias trabajan en base a la ley de la oferta y la demanda. “La ruta a Yungas se vende desde 25 hasta 75 dólares, y no existe regulación sobre la relación entre el costo y la calidad del servicio; el cual incluye el tipo de bicicletas, la experiencia de los guías y el equipo de salvataje y rescate”, dijo a La Razón un operador turístico que pidió mantener su nombre en reserva.
A decir de Vega, las diversas instancias que agrupan a las agencias según rubro, dispersan las tareas de control sobre ellas.
Los proyectos
Marco legal • Según la Prefectura, se prepara junto al Viceministerio de Turismo una ley marco que resuelva los vacíos y ambigüedades de la Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, del 14 de abril del 2000.
Seguridad • El gobierno departamental prevé publicar en la internet una lista oficial de establecimientos turísticos legales, además de emplear tinta indeleble y hologramas en los registros de funcionamiento para evitar su falsificación.
Personal y precios • Desde la Prefectura paceña se proyecta incluir a delegados de las asociaciones del rubro y a otros actores sociales en los operativos de control que se intensificarán en la temporada alta (entre junio y octubre). Asimismo, se establecerá un tarifario base para servicios turísticos en la nueva ley.
Como otros extranjeros que visitan Bolivia, Dreyfus acudió a una de las agencias turísticas cuya principal oferta es un recorrido en bicicleta por la “death road” (ruta de la muerte), aquella que conduce a la región de los Yungas, al norte del departamento.
Aunque su muerte llegó a oídos de su familia y compatriotas en Inglaterra, pasó desapercibida para entidades estatales como la Prefectura de La Paz, llamada a hacer cumplir las normas vigentes para el funcionamiento de agencias de viaje y turismo.
Una de esas normas es el reglamento para agencias de viaje y operadoras de turismo, creado mediante la Resolución Ministerial 133/01.
El documento establece que entre las obligaciones de las empresas operadoras de turismo está el contratar a guías autorizados; emplear equipo técnico y medios de transporte adecuados; y contar con pólizas contra accidentes, robos, muerte y otros daños que cubran a cada uno de sus clientes y personal.
El 28 de abril del 2008, la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo (Abatur), envió una carta al entonces secretario de Turismo y Cultura de la Prefectura, Rafael Laura, para informarle de 82 agencias de turismo que operaban de manera irregular en la zona El Rosario.
El 4 de julio de ese año, Gustavo Valdez Aguayo y Artemio Abelardo Ari, choferes del rubro turístico, enviaron un memorial al Prefecto y al Comandante de la Policía para pedir que ambas autoridades “tomen acciones oportunas sobre la aparición de empresas chutas o truchas (ilegales) que ofrecen sus servicios sin garantía ni seguridad”.
Para David Jiménez Paz, a cargo de la Secretaría de Turismo y Cultura desde octubre del 2008, la proliferación de agencias “piratas” en el último tiempo se debe a “que no había un control de las mismas y el sentido de legalizar su situación”. Por ello, precisó que en febrero se inició una auditoría técnica a agencias turísticas, guías y centros de hospedaje a nivel departamental.
Agregó que, a la fecha, el estudio dio cuenta que solamente en la urbe, de un universo de 230 agencias registradas en la Prefectura, “el 50% (115) estarían funcionando legalmente”. Aclaró que el proceso continúa.
El encargado de Normas y Servicios Turísticos de la Prefectura, Adhemar Vega, precisó que sólo se cuenta con dos funcionarios y dos efectivos de la Policía Turística para inspeccionar los est blecimientos turísticos que, además de las 230 agencias, incluyen a 142 centros de hospedaje.
Jiménez indicó que hasta febrero, fueron clausuradas cinco empresas que no cumplían con la normativa. “Hay agencias de viaje que aparecen como foquitos intermitentes”, apuntó.
En cuanto a los precios, la normativa actual no fija un tarifario de referencia y las agencias trabajan en base a la ley de la oferta y la demanda. “La ruta a Yungas se vende desde 25 hasta 75 dólares, y no existe regulación sobre la relación entre el costo y la calidad del servicio; el cual incluye el tipo de bicicletas, la experiencia de los guías y el equipo de salvataje y rescate”, dijo a La Razón un operador turístico que pidió mantener su nombre en reserva.
A decir de Vega, las diversas instancias que agrupan a las agencias según rubro, dispersan las tareas de control sobre ellas.
Los proyectos
Marco legal • Según la Prefectura, se prepara junto al Viceministerio de Turismo una ley marco que resuelva los vacíos y ambigüedades de la Ley 2074 de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística, del 14 de abril del 2000.
Seguridad • El gobierno departamental prevé publicar en la internet una lista oficial de establecimientos turísticos legales, además de emplear tinta indeleble y hologramas en los registros de funcionamiento para evitar su falsificación.
Personal y precios • Desde la Prefectura paceña se proyecta incluir a delegados de las asociaciones del rubro y a otros actores sociales en los operativos de control que se intensificarán en la temporada alta (entre junio y octubre). Asimismo, se establecerá un tarifario base para servicios turísticos en la nueva ley.
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