Dos familias de la sureña ciudad del Cuzco, región en la que se ubica el santuario inca, están inmersas desde hace varios años en una rocambolesca disputa judicial contra el Estado peruano para dirimir la situación legal del santuario y del terreno sobre el que se asienta.
Los clanes de los Zavaleta y Abrill dicen poseer unos documentos que los acreditan como los propietarios legítimos de Machu Picchu y que contradicen la postura del Estado peruano, quien se atribuye la titularidad del complejo amparándose en la ley vigente.
En sendas entrevistas con Efe, Roxana Abrill y Jose Zavaleta contaron que nada les hacía presagiar a sus ancestros, un político de la época y un importante agricultor cuzqueño, que un acuerdo privado derivaría en un "gran problema legal" casi interminable y con "poca" o "nula" voluntad política para resolverse.
Fue en 1944 cuando sus ascendientes se repartieron el complejo arqueológico, pese a existir una ley que hacía propietario al Estado peruano de los restos arqueológicos.
En manos de uno quedaron las ruinas, y en manos del otro, el terreno.
La transferencia logró, sorprendentemente, el beneplácito de un notario y el documento oficial es ahora la mejor baza de defensa de las familias y el mayor quebradero de cabeza del Estado peruano.
La inconcreción sobre la titularidad del terreno y de las ruinas lleva décadas perjudicando a las familias, y, por ejemplo, los Zavaleta, agricultores a pequeña escala, tienen prohibido hacer circular maquinaria agrícola por el terreno por tratarse de área natural protegida.
"Somos propietarios sin parecerlo", lamenta Jose, portavoz de sus siete hermanos herederos, algunos ya fallecidos.
Los dos clanes acudieron por separado entre 2000 y 2006 a los juzgados para presentar sus respectivas denuncias contra el Estado peruano y exigir así una expropiación en condiciones.
Tampoco faltó la exigencia de una jugosa indemnización de cien millones de dólares en el caso de los Abrill.
Las nuevas generaciones quieren zanjar, en palabras de los Zavaleta, la "barbaridad" legal que el Estado nunca tuvo la voluntad de solucionar y que se ha traducido en un lío difícil de comprender.
Dicen además que, de ganar el juicio, se reconocería la ayuda prestada por sus antecesores a todos los arqueólogos que un día se asomaron por Machu Picchu en busca del tesoro cultural inca.
Las familias son conscientes de que los casos se han politizado y cuentan que ni reuniones con instituciones públicas ni cartas a los presidentes peruanos, han logrado por ahora zanjar sus demandas.
Sus reclamos son vistos por algunos vecinos como una "locura", la de retar al todopoderoso Estado, y también como un acto avaricioso que persigue beneficios económicos.
De momento, esta "orfandad" le está costando caro al complejo arquitectónico, que forma parte de un área natural protegida: sufre desamparo y desprotección, y también continuas invasiones de pobladores que deterioran el entorno.
Zavaleta alerta de que la ciudadela inca se ve amenazada por comunidades fuera del control estatal, que invaden el área natural y hasta la incendian.
Para Abrill la cuestión está clara: "el Estado no le da la importancia necesaria al saneamiento físico legal de este bien cultural", Patrimonio de la Humanidad desde 1983.
Las familias recuerdan que otros países ya han resuelto casos idénticos al suyo.
"En México, -con las ruinas de Chíchen Itzá- había este tipo de problema, y el Estado finalmente ha reconocido las propiedades de algunas comunidades y ha saneado el tema", explica Jose Zavaleta, que incluso acudió a los despachos de la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos para solucionar esta situación.
Esta joya cultural peruana celebra el centenario de su "descubrimiento para Occidente" con la única certeza de haber pertenecido a la vasta estirpe inca, pero con la duda de si son todos los peruanos o tan sólo unos privilegiados los dueños de la obra.
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